La interoperabilidad aparece en casi todos los planes de digitalización de la administración pública española. Está en los pliegos, en las estrategias autonómicas y en el propio Esquema Nacional de Interoperabilidad, que lleva años marcando el camino de cómo deberían entenderse los sistemas públicos entre sí. Hay consenso: casi nadie discute que compartir información de forma ordenada entre administraciones mejora la atención al ciudadano.

Y, sin embargo, es la pieza que más a menudo se deja para después. No por falta de voluntad ni de capacidad de quienes gestionan estos proyectos, sino por una razón más sencilla: es el trabajo menos visible de todos. Interoperar bien no se inaugura, no tiene una pantalla bonita que enseñar, y sus beneficios se reparten entre muchas manos. Es más fácil justificar una nueva aplicación con la que un servicio ganó agilidad que justificar la capa invisible que permite que dos servicios se entiendan.

Tras acompañar a comunidades autónomas y ayuntamientos en la digitalización de sus servicios sociales, esta es la observación que más se repite. Y de ella se deduce el consejo que damos siempre que podemos: precisamente porque es lo más difícil de empezar, conviene empezar por ahí.

Los sistemas de información pública se construyeron a lo largo del tiempo, en momentos distintos y para responder a necesidades concretas. Cada administración resolvió lo que tenía delante con los medios disponibles. Que hoy convivan herramientas que no se diseñaron para hablar entre sí no es el resultado de una mala decisión, sino la evolución natural de unos servicios que llevan décadas funcionando.

El problema es que, cuando llega el momento de conectarlos, la conversación tiende a centrarse en lo técnico: qué protocolo, qué servicio web, qué integración. Y ahí es donde muchos proyectos se atascan, porque se aborda lo técnico antes de resolver lo que de verdad va primero.

La interoperabilidad real no empieza en el cable, sino en el acuerdo. Antes de que dos administraciones intercambien datos, tienen que entender lo mismo con las mismas palabras: qué es un expediente, qué es una unidad de convivencia, cuándo una persona pasa de un servicio a otro, qué campo significa qué. Sin ese acuerdo semántico, la conexión técnica solo consigue mover la confusión más deprisa.

Por eso, el trabajo que de verdad ordena un proyecto de interoperabilidad es el menos llamativo: definir un modelo de datos común, construir un repositorio único de personas y variables compartidas que elimine duplicidades, y establecer una gobernanza clara sobre quién puede ver qué y con qué finalidad. Es un trabajo de fontanería —de acuerdos y de criterio— más que de tecnología puntera. Pero, cuando está hecho, convierte la integración posterior en algo casi mecánico. Y, cuando no lo está, ninguna herramienta lo compensa.

Hay un segundo principio que conviene fijar desde el inicio: interoperar no es centralizar. En un modelo con varios niveles administrativos, la tentación es pensar que entenderse significa juntarlo todo en un mismo sitio. Lo que funciona es lo contrario: que cada administración conserve su autonomía y su forma de trabajar, y comparta únicamente lo necesario para que la atención sea coherente de un nivel a otro. La interoperabilidad bien planteada respeta al que ya estaba.

Cuando esos cimientos están puestos, el resultado deja de ser una promesa y se vuelve medible. El caso del IMSERSO es un buen ejemplo, porque es interoperabilidad en estado puro: el reto no era una aplicación nueva, sino que la entidad estatal pudiera intercambiar información de forma fiable con comunidades autónomas y otras administraciones, sobre todo en el ámbito de la dependencia. La plataforma que da soporte a ese intercambio gestiona más de 250.000 peticiones diarias, síncronas y asíncronas, sin degradación del servicio, con una reducción del 60% en los tiempos de análisis de expedientes, solicitudes, valoraciones y traslados entre entidades, y trazabilidad completa de las transacciones.

Detrás de esas cifras hay algo concreto: un intercambio de datos más fiable para las personas en situación de dependencia, que dependen de que esa información viaje bien entre administraciones.

En el ámbito autonómico, el mismo principio sostiene los proyectos de Historia Social Única, como el de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: un repositorio único de personas usuarias de servicios sociales, interoperable con los sistemas municipales, que unifica el expediente social a nivel regional y elimina las duplicidades entre administraciones. No es casualidad que las autonomías más avanzadas en este terreno sean las que llevan años trabajando esos cimientos, no las que empezaron por la última herramienta.

La digitalización de los servicios públicos avanza más deprisa cuando entendemos la interoperabilidad no como un módulo que se añade al final, sino como la base sobre la que se apoya todo lo demás. Es el trabajo menos vistoso y el más determinante. Requiere ponerse de acuerdo antes de conectar, respetar la autonomía de cada administración y aceptar que la parte más valiosa del proyecto es, a menudo, la que nadie ve.

La buena noticia es que ese trabajo ya está hecho en buena parte del territorio, y hay casos que enseñan cómo hacerlo bien. El siguiente tramo consiste en aprovechar esos cimientos para que la información conectada sirva no solo para tramitar más rápido, sino para anticipar necesidades. Empezar por lo difícil, al final, es lo que hace fácil todo lo demás